Loading
http://s512682887.onlinehome.mx/modules/mod_image_show_gk4/cache/585genegk-is-98.jpglink
http://s512682887.onlinehome.mx/modules/mod_image_show_gk4/cache/guancasco twittergk-is-98.jpglink
http://s512682887.onlinehome.mx/modules/mod_image_show_gk4/cache/represa de violenciagk-is-98.pnglink
http://s512682887.onlinehome.mx/modules/mod_image_show_gk4/cache/escaramujo 71gk-is-98.pnglink
http://s512682887.onlinehome.mx/modules/mod_image_show_gk4/cache/acciongk-is-98.jpglink
«
»
  1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4

Reflexiones en el Día de la Tierra: Hacia Río+20

Reflexiones en el Día de la Tierra: Hacia Río+20

Vía: ecoportal.net

“El éxito o fracaso de las políticas de preservación del Planeta, no dependen tanto de las acciones de los gobiernos, como de la decisión y la toma de conciencia de los pueblos”

Este 22 de Abril, como en los últimos 42 años, se conmemora el Día Mundial de la Tierra, denominado a propuesta de Bolivia en el 2009, Día Internacional de la Madre Tierra (en quechua: Pachamama).

En esta oportunidad, el día debería adquirir una significación especial, en virtud de que se cumplen 2 décadas de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro (ECO RÍO ’92), que llevó a muchos a creer que estábamos frente al alumbramiento de un nuevo esquema mundial más respetuoso del ambiente y menos injusto en lo social.

Las esperanzas y utopías puestas en una relación más armónica, racional y menos agresiva con el entorno, no sólo que no se han materializado, sino que en muchos aspectos se ha profundizado la degradación, haciendo de la Tierra un lugar de cada vez más difícil supervivencia, sobre todo para los pueblos de los países empobrecidos de la misma.

Por aquellos días, el concepto de “desarrollo sustentable” pergeñado por los que tenían y tienen poder de vida y muerte sobre el planeta, se nos aparecía como la varita mágica que todo lo solucionaría, casi como “una tierra prometida” en la que los mezquinos intereses económicos, la desigualdad y la destrucción, dejaban paso a la solidaridad y la preservación ambiental.

RÍO+20 está a la vuelta de la esquina y los problemas ambientales al igual que la obscena acumulación de la riqueza se han multiplicado a niveles nunca vistos.

El concepto de desarrollo sustentable, devenido en sus sinónimos de desarrollo sostenible, eco desarrollo, desarrollo verde y tantas otras variantes, nunca se terminó de definir en su integralidad, muchos menos se avanzó en su efectiva materialización y puesta en práctica. Si así se hubiera hecho, la realidad social y ambiental sería totalmente distinta.

Eso sí, entretuvo bastante y sobre todo contribuyó a engalanar todos los discursos y declamaciones de una variopinta de funcionarios ambientales y de los otros, transformándose en un chicle que se estira y acomoda a cualquier circunstancia.

20 años después y ante el fracaso casual o deliberado de las políticas de preservación del Planeta, los responsables de la debacle, saben que es necesario actualizar conceptos y sobre todo imponer nuevas consignas, que en una suerte de batalla cultural colonizante, reavive las esperanzas y utopías de millones que creen sincera e inocentemente que los organismos internacionales, que han sido los mantenedores del status quo de la apropiación de recursos, pueden variar las tendencias en ese sentido.

Pensar que la ONU, organismo desprestigiado si los hay, que ha demostrado su ineficacia e inoperancia absoluta en solucionar por la vía pacífica, los tantos conflictos bélicos que en el mundo se han desatado en los últimos 50 años, puede resolver satisfactoriamente los problemas sociales y ambientales, es pecar en un exceso de inocencia peligrosa.

Los números siguientes de las políticas globales, se constituyen en una clara radiografía del fracaso rotundo, cuando no de un genocidio encubierto, que azota a la población mundial y que muestran que:

1.020 millones de personas tienen desnutrición crónica.
1.000 millones de personas no tienen acceso al agua potable
1.000 millones de personas son considerados “sin techo”
1.600 millones de personas no tienen electricidad
2.500 millones de personas no tienen servicios cloacales
800 millones de personas son analfabetos
18 millones de personas mueren por año, por causa de la pobreza, la mayoría son niños menores de cinco años

Frente a estos datos, provenientes de organismos internacionales, uno se ve tentado a decir que este es el saldo luctuoso de 20 años, del re manido “desarrollo sustentable” reinante sobre la Tierra.

En RÍO 2012, a celebrarse en el mes de Junio en Brasil, las nuevas creaciones ideológicas, preparadas por el poder global y que ya muchos internalizan y repiten son: “economía verde” y “gobernanza mundial”. Términos casi esotéricos para los neófitos y los no tanto, que nadie deliberadamente precisa y que son de dudosa interpretación para la mayoría de la gente, aunque los oiremos asiduamente de ahora en más, en boca de expertos, funcionarios gubernamentales, ONGs. y sin duda en los informes de cronistas y comunicadores sociales.

A través de la economía verde se podrá medir, pesar y poner precio a los bienes comunes (mal llamados recursos naturales), a partir de lo cual cotizarán en bolsa y serán vigilados y distribuidos por el omnipresente mercado.

Por ello, el capital natural común, entra en una etapa de monetarización y financierización, a través de bonos de carbono, bolsas verdes y otras iniciativas, que hacen de los capitales privados los encargados de la protección de esos bienes.

Quién más tiene, más puede y en consecuencia los detentadores del poder económico y financiero, serán los que se apropiarán de la mayoría de esos bienes sin cuestionamiento alguno, pagando monedas a los países poseedores de los mismos, cuyos pueblos verán comprometido su futuro y su calidad de vida, mientras otros la mejoran a sus expensas.

Por su parte la “gobernanza mundial” consistiría en la creación de una suerte de organismo supranacional dentro o no, de la esfera de las Naciones Unidas, que monitoree o controle el uso de esos bienes comunes. Una especie de zorro libre en el gallinero libre.

Tenga presente lo expresado y verá como en un tiempo no muy largo, estos términos empezarán a repiquetear en sus oídos, cual canto de sirena que nos anuncia la buena nueva que algo está cambiando en beneficio de la Pacha Mama.

Sepa además, que el poder global no hace concesiones, mucho menos está dispuesto a renunciar a sus privilegios y prebendas, tampoco al modelo de desarrollo agresivo que tantas ventajas y satisfacciones le ha reportado, aunque condenara a gran parte del mundo a la indigencia más cruel y vergozante.

Ojalá que dentro de dos décadas, yo siga escribiendo estas reflexiones y Ud. las siga leyendo y me pueda enrostrar mi error y malos augurios de hoy, en ese momento aceptaré con gusto mi equivocación y mis malos pensamientos.

Los dejo para que lo piensen y me despido hasta la próxima aguafuertes.

Ricardo Luis Mascheroni
Docente e investigador universitario
Santa Fe-Argentina

Tras represión de la protesta, dictan auto de formal prisión a cuatro opositores a la presa Picacho en Sinaloa

A todos los movimientos e integrantes, aliados les pedimos solidaridad con el mov de afectados de la presa Picachos en Sinaloa, enviando desde cada lugar la accion urgente que va en archivo adjunto y contiene los datos de los funcionarios de Sinaloa. Nos mantendremos en contacto con los compas
MAPDER

ACCIÓN URGENTE

Tras represión de la protesta, dictan auto de formal prisión a cuatro opositores a la presa Picacho en Sinaloa

picachosTras la represión policiaca de una manifestación pacífica de opositores a la presa Picachos ocurrida el pasado 1 de abril, el día 9 de abril se dictó auto de formal prisión a cuatro manifestantes. Están acusados de obstrucción a las vías de comunicación federal y se encuentran en la Penitenciaria de Culiacán, Sinaloa.
 
Sus nombres son: Octavio Atilano Román Tirado, dirigente del movimiento; Hortensia Gutiérrez Zamora; José Isabel Ozuna Lizarraga y Oscar René Ozuna Díaz.
 
El día 30 de marzo los y las afectadas por la construcción de la Presa Picachos en Sinaloa iniciaron la movilización para exigir el pago de indemnizaciones y el cumplimiento de acuerdos por parte de la CONAGUA, gobierno federal y estatal, que a la fecha no ha cumplido.
 
Sin embargo, el día 1 de abril el Gobierno del estado de Sinaloa, a través de los cuerpos de elite de la policía estatal,  reprime de manera violenta a más de 200 personas que participaban en la jornada y detiene de manera arbitraria a 120 compañeros y compañeras, de estos 80 fueron regresados en autobuses a sus comunidades, quedando retenidas 45 personas, posteriormente fueron liberados 2 por falta de cargos y 20 llevados a la Procuraduría Estatal.A la fecha fueron liberados 16 compañeros, pero se les iniciaron averiguaciones previas.
 
picachosEscriban inmediatamente
· Instando a las autoridades a llevar a cabo una investigación inmediata sobre la represión violenta y detención arbitraria por parte de la policía estatal  de los manifestantes opositores a presa Picacho, que se libere a los detenidos y que los responsables comparezcan ante la justicia;
· Pidiendo a las autoridades que pongan fin a la intimidación, persecución y hostigamiento de ciudadanos que intentan ejercer por medios pacíficos su derecho a la libertad de expresión, de reunión y de asociación;
· Recordando a lasautoridadesque la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los DerechosHumanosreconoce la legitimidad de lasactividades de los defensores y defensoras de los derechoshumanos y suderecho a llevar a cabodichasactividades sin obstáculos ni temor a represalias.

Envíen llamamientos a:
 
· Mario López Váldes
Gobernador del Estado de Sinaloa
Palacio de Gobierno
Av. Insurgentes, S/N 3er. Piso
Culiacán 80129,Sinaloa. MÉXICO
Fax: +52 6677 14 78 70
Correo-e.: gobernador@sinaloa.gob.mx
Tratamiento: Señor Gobernador;
 
· Francisco Manuel Córdova Celaya
Secretario de Seguridad Pública
Teléfono: 6677 58 74 00
Correo-e: francisco.cordova@sinaloa.gob.mx
Ave. Insurgentes 186 Sur, Centro Sinaloa, Culiacán 80129, Sinaloa. MÉXICO
 
· Juan José Ríos Estavillo
Director de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa (CEDH).
Tels. (667) 752-24-21 y 752-25-75
Lada Sin Costo 01-800-672-92-94.
Correo-e: informacion@cedhsinaloa.org.mx
Ruperto L. Paliza No. 566 sur,
Colonia Miguel Alemán, Culiacán 80129,Sinaloa. MÉXICO

NOTAS:

Caminata de afectados por la presa Picachos cumple 3 días

Las deudas pendientes con los afectados de presas en México | Comunicado del MAPDER

Reprimen y encarcelan a marchistas afectados por la presa Picachos

Liberacion inmediata, Francisco Jimenez Pablo y Erick Bautista Gomez CNPA-MN

Liberacion inmediata, Francisco Jimenez Pablo y Erick Bautista Gomez CNPA-MN

CNPA-MNLiberdad Inmediata a Francisco Jimenez Pablo lider nacional de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (CNPA-MN) recluido injustamente en el CEFERESO de maxima seguridad de Tepic, Nayarit preso injustamente y violentando sus derechos humanos, Anmistia Internacional y la CNDH han girado recomendaciones al gobierno represor Mexicano haciendo caso omiso de las mismas, asi como el camarada Erick Bautista Gomez vocero del MOCRI CNPA-MN, quien esta preso en Chiapas, Mexico, ambos injustamente privados de su libertad y sin cargos argumentados los han mantenido ahi, pedimos el apoyo al publico en general, que esta lucha es justa, y es por la liberdad.
http://www.causes.com/causes/661501-liberacion-inmediata-francisco-jimenez-pablo-y-erick-bautista-gomez-cnpa-mn

CNDH visito a Francisco Jimenez Pablo

Francisco Jimenes Pablo, fue visitado por la CNDH, y familiares, donde se pudo constatar el estado deplorable de su salud; cuando fue detenido en el cafe la habana durante una reunión con Gobernación, pesaba 75 kg, hoy pesa 50 kg, esta extremadamente delgado, se le ha complicado el Asma, tiene sinusitis, ácido úrico, gastritis, y principios de diabetes; exigimos el ingreso de médicos especialistas para conocer realmente todos sus padecimientos, y que pueda recibir tratamiento medico adecuado.

Denuncian represión en Chiapas contra dos activistas

Inician campaña para la liberación de dos activistas presos en Nayarit

Chiapas. Francisco Jiménez Pablo y Eric Bautista Gómez, integrantes de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), están presos desde hace casi un año y medio en el penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit, acusados de delitos que no cometieron, como represalia por su lucha a favor de 33 comunidades de Chiapas reubicadas en 2007 por el taponamiento del río Grijalva.

Así lo informó Leonel Rivero, abogado de ambos activistas, quien lamentó que el gobierno chiapaneco presente hacia el exterior una imagen de respeto a los derechos humanos, al mismo tiempo que reprime y encarcela a quienes disienten de sus políticas.

SEGUIR LEYENDO: AQUÍ

Alerta por criminalización del movimiento indígena en América Latina

Alerta por criminalización del movimiento indígena en América Latina

Por Marielle Cauthin. ecoportal.net

Para la CIDH es sintomático que atropellos contra los derechos humanos, hostigamiento, agresión y ataques van en aumento a medida que se incrementan los conflictos con “sectores de gran poder económico, como lo son las empresas que lideran proyectos de las industrias extractivas”; de hecho, la CIDH ha ubicado los conflictos sobre megaproyectos en la misma categoría de países con quiebres democráticos, conflicto armado interno o enfrentamiento con grupos del crimen organizado.

moviindigenaGolpistas, terroristas, opositores y saboteadores, entre otros han sido los calificativos que gobiernos de la región han usado estos últimos años para referirse a las acciones del movimiento indígena en Sudamérica; consecuente con esto, líderes indígenas, activistas y organizaciones de apoyo en su defensa han denunciado ser víctimas de persecución política y judicial, a tal extremo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha hecho una mención especial a la situación de riesgo de líderes y lideresas indígenas e hizo pública su preocupación sobre las sistemáticas agresiones, amenazas y actos de hostigamiento que padecen[1].

Las cifras demuestran la magnitud de estas aseveraciones: organizaciones indígenas de Ecuador denuncian el procesamiento de 194 indígenas por sabotaje y terrorismo; mientras en Bolivia 24 altos dirigentes y dirigentas indígenas y no indígenas -que participaron de una marcha en 2011- son investigados por delitos de secuestro e intento de homicidio. A esto se suman situaciones crónicas como la peruana: los últimos diez años se han abierto procesos penales contra decenas de dirigentes y campesinos peruanos por delitos de secuestro, lesiones y daños a la propiedad provocados durante manifestaciones contra empresas privadas; por la misma causa en Chile más de cien mapuches han sido acusados al amparo de la Ley Antiterrorista y se han abierto causas contra el pueblo rapa nui.

En ese contexto no suena ajena la posición pública de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI)[2] -que aglutina a Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú- que ha exigido públicamente el 15 de marzo pasado el cese de la criminalización y persecución de indígenas, la anulación de procesos y la dotación de garantías para el ejercicio de sus derechos, entre ellos el derecho a la protesta. Para la CIDH, “la persistencia de los ataques” buscan “reducir las actividades de defensa y protección de territorios y recursos naturales, así como la defensa del derecho a la autonomía e identidad cultural” de los pueblos indígenas, ataques se dan a través de la criminalización, la intimidación y la estigmatización.

Intereses de izquierda, de derecha y de las transnacionales

Con el tiempo se ha hecho evidente la ruptura del pacto político y las alianzas entre el movimiento indígena y gobiernos como el boliviano, el ecuatoriano, el brasileño e incluso el peruano, los cuatro países de amplia población indígena. De hecho presidentes como Evo Morales (Bolivia) y Rafael Correa (Ecuador) se apoyaron en estos movimientos electoral y discursivamente, los comprometieron en procesos constituyentes y les reafirmaron el cumplimiento de derechos colectivos, pero han sido los primeros en poner límites a las prerrogativas indígenas a favor de proyectos de inversión extranjera en sus territorios.

En otras palabras, no se han modificado la lógica de contraponer intereses privados en desmedro de los derechos colectivos. En ese sentido, el movimiento indígena se enfrenta a millonarios proyectos de infraestructura, privatización del agua, concesiones petroleras, gasíferas, mineras y forestales, e incluso cuestiona la tenencia y distribución de la tierra: en Bolivia se enfrentan a un proyecto carretero de 400 millones de dólares que atraviesa el territorio indígena TIPNIS, en Perú se oponen a la explotación de oro por la minera Yanacocha que invertirá 4.800 millones en Cajamarca y en Brasil buscan evitar la construcción de una hidroeléctrica que costará 11.000 millones de dólares, entre otros casos.

Para la CIDH es sintomático que atropellos contra los derechos humanos, hostigamiento, agresión y ataques van en aumento a medida que se incrementan los conflictos con “sectores de gran poder económico, como lo son las empresas que lideran proyectos de las industrias extractivas”; de hecho, la CIDH ha ubicado los conflictos sobre megaproyectos en la misma categoría de países con quiebres democráticos, conflicto armado interno o enfrentamiento con grupos del crimen organizado.

Al mismo tiempo, esta situación de vulnerabilidad se incrementa con la paulatina militarización de territorios indígenas y violencia policial como se ve en los casos de Bolivia, Chile y Colombia. En Bolivia el territorio indígena del TIPNIS ha denunciado la invasión de la Armada Naval para intimidar y perseguir a la dirigencia[3]: “Ahora vinieron al TIPNIS a militarizarlo, a dar miedo a la gente humilde como nosotros”, denunciaba la dirigenta Miriam Yubanore. En tanto que en Chile el pasado 23 de marzo, 30 policías y 15 funcionarios municipales desalojaron "en forma muy violenta" a un comunario de Tekel Mapu, pero estos casos de violencia policial son recurrentes para los mapuche y las organizaciones que defienden sus derechos: "es un tema triste y avergonzante para la sociedad chilena", dijo la ONG Comisión Ética contra la Tortura[4], ya que en 2010 sucedió otra violenta represión contra el pueblo rapa nui. En Colombia la situación de los grupos armados en conflicto y la militarización de las zonas rurales ha desencadenado en muertes y desplazamientos de indígenas.

Ecuador y Bolivia: dos marchas nacionales denuncian persecución

Las últimas acusaciones en Ecuador ocurrieron con motivo de la Marcha Plurinacional por la Vida, el Agua y la Dignidad de los Pueblos, que llegó a Quito el 22 de marzo. En operativos realizados días antes de iniciarse la marcha, el Gobierno detuvo a una decena de jóvenes (estudiantes y activistas) y los acusó de planificar actos sediciosos y de pertenecer a grupos subversivos irregulares. En su defensa los detenidos sostuvieron que son simpatizantes y militantes del Partido Marxista Leninista Ecuatoriano (PMLE), vinculado al partido Movimiento Popular Democrático (MPD), como declarara el director del MPD, Luis Villacís.

No solo organizaciones políticas que apoyan al movimiento indígena son acusadas, Humberto Cholando, principal dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), ha dicho que una de las demandas de la marcha es el cese de la criminalización y judicialización de 194 indígenas, y señaló que el gobierno en lugar de atender sus demandas “se apresuró a calificar la marcha de ‘golpista’, de ‘intento de desestabilización del régimen’ y ‘desestabilizar la democracia’”[5]. Estas mismas quejas fueron elevadas ante la veeduría internacional del exjuez Baltazar Garzón por las organizaciones indígenas CONAIE, Ecuarunari y Pachakutik que representan a pueblos indígenas amazónicos, de costa y sierra.

En la misma lógica, en Bolivia en este momento 24 dirigentes indígenas entre hombres y mujeres de los pueblos mojeño, yuracaré, chimán, quechua, aymara, guaraní, entre otros, además de la fundadora de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) y otros defensores y activistas de derechos indígenas forman parte de la investigación judicial del gobierno por el delito de “tentativa de homicidio” y “lesiones graves y leves”. Esta acusación se basa en los hechos ocurridos entre el 24 y 25 de septiembre de 2011 mientras se desarrollaba la VIII Marcha en Defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), que logró una Ley que prohíbe la construcción de la millonaria carretera que atravesaría su territorio y comprometería su hábitat, este proyecto es financiado por Brasil y ejecutado por la empresa brasileña OAS. Mientras el gobierno boliviano los acusa de estos delitos, los indígenas acusan al gobierno por la violenta represión policial del día 25, en la que 600 policías gasificaron, torturaron, agredieron y secuestraron a dirigentes y a más de 800 marchistas.

Organizaciones como la Central de Pueblos Étnicos Moxeños del Beni (CPEMB) y la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) denunciaron en varias resoluciones las “acciones de amedrentamiento y persecución de la Fiscalía” contra indígenas, “por delitos que nunca cometieron ni se dieron en la realidad”. El ex dirigente de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), Celso Padilla, ha denunciado hostigamiento y persecución política ante el Concejo Continental del Pueblo Guaraní que agrupa a Brasil, Argentina, Paraguay y Bolivia: “en Bolivia hay una coyuntura represiva de los principales líderes y quien habla es uno de los blancos del gobierno”, sostuvo.

En ambos casos los gobiernos de turno han desmentido o minimizado los actos de criminalización del movimiento indígena, incluso apelando a calificativos que desmerecen a la dignidad indígena: el presidente Correa se ha referido a los indígenas participantes de la marcha como “cuatro emponchados y emplumados”[6]. Estas declaraciones no son distintas a las que Evo Morales hiciera respecto a las indígenas que se oponen a la carretera a través de su territorio, incitando a seducirlas para que acepten el proyecto: “conquistar a las compañeras yuracarés trinitarias para que no se opongan a la construcción del camino”[7], dijo.

Perú y Chile: pugnas contra intereses privados

La CAOI también ha denunciado que existen decenas de dirigentes y comunarios peruanos víctimas de persecución policial y con procesos penales en su contra por participar en protestas antimineras. Entre diciembre de 2011 y marzo de 2012 se arrestaron a dirigentes del Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca y de la Plataforma Institucional de Celendin[8], acusados de "atentar contra los servicios públicos, producto de la protesta social" contra el proyecto minero Conga de la empresa Yanacocha, que planea drenar cuatro lagunas. El presidente del Consejo Regional, Elzer Elera López, denunció que habría un plan de detención de personas, autoridades y líderes sociales.

Previo a estos nuevos conflictos, la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI) ha recordado su preocupación por el proceso que se sigue a 17 campesinos por participar en una movilización en defensa de más de 80 ojos de agua en Condorhuain en 2008, durante el gobierno de Alan García. El pronunciamiento de las organizaciones sostiene: “en represalia de nuestra defensa por el agua, ahora somos víctimas de persecución penal. Nos acusan de secuestro, lesiones, daños a la propiedad y otros delitos, pretendiendo imponernos 30 años de cárcel”[9].

En contrapartida, el problema de criminalización y represión en Chile se ha agudizado por los atropellos que sufren las comunidades indígenas mapuche: redadas policiales, allanamientos y represión con uso de balines y gases. A esto se suma la aplicación y vigencia de la Ley Antiterrorismo, norma en la que se ampara gran parte de los juicios iniciados contra los mapuche por delitos comunes y por los cuales se les da el trato judicial de terroristas, ha denunciado la ONG Human Rights Watch. Según estimaciones, tan solo en el gobierno de Ricardo Lagos (2000 - 2006) la Ley fue aplicada 11 veces, de las cuales 10 se la utilizó contra el pueblo mapuche; de hecho, 108 indígenas han sido acusados bajo esta Ley y -hasta 2011- 10 fueron condenados[10].

Uno de estos casos es el que en 2008 involucró a 17 mapuches de una comunidad cercana a la orilla del lago Lleulleu en la región del Bio Bio, por el reclamo a privados de la devolución de tierras que ellos asumen como propiedad ancestral. Casos similares son la condena contra un dirigente en conflicto con la represa hidroeléctrica Ralco en los Altos del Bio Bio y el vocero de la comunidad Huilliche Pepiukelen, enjuiciado en 2010 por la empresa salmonera Los Fiordos, acusada de contaminar ríos y lagos. Esta semana 10 mapuche (dos menores de edad) comienzan un juicio por "robo con intimidación de carácter terrorista, incendio terrorista y asociación ilícita terrorista" en Victoria, de ser hallados culpables pagarían una pena de 25 años.

La CIDH ha denunciado el caso ocurrido en julio de 2010, cuando cerca de 70 personas del pueblo rapa nui -que ocupaban la plaza Riro Kainga como acto de protesta por derechos ancestrales territoriales- fueron desalojadas por un centenar de carabineros armados, fueron golpeados mujeres y niños. En este caso, la Comisión otorgó medidas cautelares a favor del pueblo Rapa Nui y exigió al Estado chileno cesar la violencia armada, acciones judiciales y desalojos.

Brasil y Colombia, otras formas de violencia contra los indígenas

En Brasil y Colombia hay un situación de vulneración de derechos humanos por terceros. En Colombia, es persistente la amenaza de las ejecuciones extrajudiciales, muertes de civiles (campesinos e indígenas) por militares que falsamente los asocian a grupos insurgentes o guerrilleros y obtienen réditos por esto[11], los casos más conocidos son los homicidios de los indígenas wayúu, aunque a lo largo de 2010 la CIDH ha denunciado los casos de asesinatos de dirigentes de los pueblos nasa, wayúu, sikuani, pasto, embera-chamí y la dirigenta del pueblo u’wa.

En marzo, la Corte Constitucional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenaron al Estado colombiano proteger a los indígenas awá amenazados por grupos armados en conflicto en la guerra en Nariño, enfrentamiento que este año ha dado como saldo varias desapariciones y asesinatos, además del desplazamiento de 800 personas. Aunque la respuesta del gobierno es incrementar la militarización, los indígenas la rechazan: "Ellos creen que la solución de las cosas se limita a enviar más tropa a la región, pero eso en vez de darnos seguridad, nos expone aún más al peligro del conflicto", declaró el líder, Alex Guanga[12].

En Brasil, el líder de los guaraní-kaiowá en el estado de Mato Grosso do Sul fue asesinado en 2003 y este 2012 el juez absolvió a los presunto homicidas, acusados de tortura por otros seis dirigentes. La muerte sucedió cuando cerca de 40 hombres armados golpearon a varios líderes indígenas que demandaban las tierras de un hacendado, situación recurrente en esta región pues los hacendados buscan ampliar sus tierras en predios guaraníes. Pero los indígenas no solo se enfrentan a hacendados y grupos armados, recientemente los indígenas kayapó y otros pueblos se han enfrentado al gobierno brasileño para detener la construcción de la hidroeléctrica Belo Monte[13] que compromete su hábitat, ya que inundará un área que los obligará con el tiempo a éxodos masivos. La portavoz indígena Vera Glass sostuvo: “Las presas causarán daños culturales, sociales y medioambientales irreversibles. Nos están tratando como a animales”. La OIT ha declarado que el gobierno violó el Convenio 169 porque no se consultó a los indígenas sobre esta construcción y la pugna continúa.

¿Hacia el movimiento internacionalista indígena?

Pero desde otra óptica, estos conflictos y la nueva coyuntura política en la región están significando un desafío para la internacionalización e independencia del movimiento indígena en América del Sur y el fortalecimiento de sus alianzas, como la Coordinadora de Organizaciones Indígenas Andinas (cuatro países), el Concejo Continental del Pueblo Guaraní (cuatro países) y la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (nueve países), que han comenzado a afianzar nexos de solidaridad con activistas, artistas e intelectuales e instituciones, firmando peticiones, organizando acciones, etc.

Al mismo tiempo, gran parte de los conflictos están ubicando al movimiento indígena en un contexto no solo de legítima defensa de sus derechos político y culturales, de la ética medioambiental, de los cuestionamientos de modos de desarrollo de saqueo versus modos de desarrollo sustentables; sino que los pueblos indígenas movilizados se van convirtiendo en un actor fundamental para “la consolidación del Estado de Derecho y el fortalecimiento de la democracia”, como lo dice la CIDH.

Más allá, nuevamente el movimiento indígena se encuentra en un momento decisivo para demostrar si es capaz de construir una agenda propia de contra poder, a sabiendas que sus antes aliados, los gobiernos de corte progresista, no van a profundizar las reivindicaciones históricas de tierra, territorio y soberanía y autogobierno; sino que son gobiernos de continuidad del sometimiento al extractivismo neoliberal a favor de empresas transnacionales y potencias internacionales, como denuncian quechuas, guaraníes, aymaras, mapuches, awás, wayús, moxeños, yuracarés o kayapós.

Marielle Cauthin es Periodista. Colabora con Upside Down World, Zur2 y medios bolivianos.

[1] Segundo Informe Sobre la Situación de las Defensoras y los Defensores de Derechos Humanos en las Américas (28/03/2012), en: http://www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/defensores2011.pdf
[2] Pronunciamiento de las organizaciones indígenas andinas (15/03/12), en: http://www.coordinadoracaoi.org/
[3] Ex viceministro denuncia militarización del Tipnis (12/03/12), en: http://lapatriaenlinea.com/?nota=100621
[4] ONG denuncia violencia policial contra mapuches (15/1/12), en: http://noticias.aollatino.com/2012/01/15/chile-ong-denuncia-violencia-policial-contra-mapuches/ - (27/03/12)Denuncian violento desalojo a Mapuches: http://www.anbariloche.com.ar/noticia.php?nota=27261
[5] Carta al pueblo ecuatoriano (19/03/12), en: http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=169356&umt=10h20_movilizacion_indigena_llega_hoy_a_latacunga_conaie_entrega_carta_al_pueblo_ecuatoriano
[6] Indígenas denuncian persecución y siguen su marcha a Quito (14/03/12), en: http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101298249/1/Ind%C3%ADgenas_denuncian_persecuci%C3%B3n_y_siguen_su_marcha_a_Quito.html
[7] Mujeres le exigen a Evo una disculpa pública por sus declaraciones "machistas" (04/08/11), en: http://www.paginasiete.bo/2011-08-04/Sociedad/Destacados/MUJERES.aspx
[8] Detienen en Perú a siete dirigentes antimineros de Cajamarca (06/03/12), en: http://exwebserv.telesurtv.net//secciones/noticias/101292-NN/detienen-en-peru-a-siete-dirigentes-antimineros-de-cajamarca/
[9] Deficiencias en Acusación Fiscal retrasan Juicio Oral a procesados del caso Condorhuain (21/03/12), en: http://www.conacami.pe/2012/03/deficiencias-en-acusacion-fiscal.html
[10] Usan en Chile leyes antiterrorismo contra indios mapuche, en: http://noticias.latino.msn.com/latinoamerica/chile/usan-en-chile-leyes-antiterrorismo-contra-indios-mapuche-80
[11] Estarían involucrados en la presunta ejecución extrajudicial de dos indígenas de la comunidad Wayúu (27/07/11), en: http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-10025406.html
[12] Las voces awá en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Víctimas (22/03/12), en: http://www.verdadabierta.com/component/content/article/40-masacres/3950-las-voces-awa-en-la-comision-interamericana-de-derechos-humanos/
[13] Organismo de la ONU dice que Brasil viola los derechos indígenas (26/03/12), en: http://www.survival.es/noticias/8226

More Articles...

  1. CONVOCATORIA a Pre Audiencia de Tribunal Permanente de los Pueblos en Materia de Desplazamiento Forzado y Guerra Sucia
  2. NUEVO INFORME DEMUESTRA CRECIENTE OPOSICION AL GIGANTE DE BIOTECNOLOGIA MONSANTO
  3. DECLARACIÓN POLÍTICA del Primer encuentro transfronterizo de la nación Q’anjab’alana
  4. Jubileo Sur Américas realiza seminario ‘Camino a Río+20 y más allá’ en Argentina
  5. México se muere de hambre con el TLC

Recibir el Boletín Mensual

RSSfacebooktwitteryoutube