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GUANAJUATO: AYUNTAMIENTO DE LEÓN PROTEGE INTERESES CORPORATIVOS EN DETRIMENTO DEL INTERÉS COLECTIVO DE LA CIUDAD

Compartimos el comunicado de prensa de la Plataforma Salvemos el Humedal Los Cárcamos, a través de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) - A 18 de septiembre de 2019


Luego de que el pasado 11 de septiembre la Plataforma Salvemos El Humedal Los Cárcamos hiciera del conocimiento público la determinación oficial de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) sobre el cuerpo de agua que existe en el Parque Los Cárcamos en el sentido de que efectivamente es un Humedal y sus aguas propiedad de la nación, el presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Ayuntamiento de León, el regidor Jorge Arturo Cabrera González, realizó una serie de declaraciones que expresan la ignorancia, soberbia, desmesura y displicencia con la que muchos funcionarios y autoridades municipales se han conducido en relación con el caso del Humedal del Parque Los Cárcamos:

“Es incorrecta esa previsión, lo que manifestó la agrupación es que el cuerpo de agua tiene características de humedal, eso es falso, como autoridad no podemos cambiar las autorizaciones hasta que una autoridad superior o competente nos diga lo contrario” (regidor Jorge Arturo Cabrera González).

Ya antes, el regidor Cabrera González, había tenido expresiones fuera de lugar al señalar que “hay que llamarlo cómo es. Es un Cárcamo y no un humedal como se le ha dicho, pues es un término dramático que se ha estado manejando para que se detenga la obra”. Y también que “los inversionistas tienen derecho [...] al cumplir con la normatividad [...]”.

Extraña, pues, la vehemencia con la que el regidor Jorge Arturo Cabrera González, defiende, pese a toda la evidencia, el Proyecto City Center. En este sentido, desde la Plataforma Salvemos El Humedal Los Cárcamos, denunciamos que la crisis climática, ambiental e hídrica que sufre la ciudad de León es, a la vez, reflejo y producto de algo más amplio: el depredador modelo de desarrollo que en este contexto entendemos como la promoción y protección desde las instituciones del Estado/Ciudad de la lógica de reproducción, acumulación centralizada del capital.

En general, en la Ciudad de León, la relación entre el poder del capital y poder político parece haber debilitado tanto la voluntad, como la capacidad de las autoridades municipales de responder a la creciente exigencia de la sociedad que reivindica mejores condiciones para su entorno.

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GERMAN LARREA Y GRUPO MÉXICO Símbolos de Deshumanización y Barbarie

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) - A 17 de septiembre de 2019
>>Descargar comunicado en pdf<

En abril de 2013 la compañía Asarco fue declarada en ciudad Juárez como Monumento a la Deshumanización y la Barbarie. Los vecinos de Ciudad Juárez (México) y El Paso (Texas) fueron impactados por más de un siglo por la contaminación ambiental de una antigua fundición perteneciente a la subsidiaria de Grupo México. La compañía llevó a cabo procesos de remediación ambiental del lado del río Bravo, porque en Estados Unidos lograron obligarla, mientras en suelo mexicano, aún hay altos niveles de contaminación. Esto pasó también en antiguas fundiciones de la empresa en los estados de Aguascalientes, Chihuahua, Nuevo León y San Luis Potosí, donde la empresa se ha negado a remediar los sitios que ha impactado por décadas. Estas zonas contaminadas son ahora colonias y parques recreativos, sin importar las abundantes investigaciones que demuestren los altos niveles de metales pesados en la sangre de niños; la compañía sigue impune.

Es el caso de Ilo, comunidad ubicada al suroeste de Perú -donde también hay contaminación por la fundición de la compañía minera Southern Copper (también subsidiaria de Grupo México)- , los niveles de contaminación por dióxido de azufre (SO2) en el distrito de Pacocha, igualmente superaron los límites permitidos. La empresa tampoco se ha hecho responsable de los humos y la contaminación ocasionada por décadas.

Similar ocurre con la misma empresa en Estados Unidos, aunque ahí han prosperado las denuncias ambientales contra la empresa obligándola a invertir en la remediación ambiental de más de 10 antiguos centros mineros altamente contaminados desde principios del siglo XX (Texas, Arizona, Tacoma, Washington), sin que ello signifique que la contaminación desapareció.

En México están contaminados todos los sitios donde ha operado Grupo México y las subsidiarias de esta. La lista es abundante, así como también son constantes los derrames que genera, como el ocurrido en julio de este año en el Mar de Cortés, o el ya emblemático derrame del 2014, en el cual se vertieron 40,000 metros cúbicos de lixiviados de la mina Buenavista del Cobre (Sonora) al rio Sonora. Sin embargo, no importa el tamaño de los daños que ocasione, lo único visible es la impunidad y el contubernio que mantiene con diferentes estructuras del gobierno.

Grupo México y el Sr Larrea también son responsables del trágico evento sucedido en febrero del 2006, en la mina Pasta de Conchos (Coahuila), cuando por una explosión por acumulación de gas metano, que había sido previamente denunciado, 65 mineros que se encontraban trabajando en ese turno quedaron atrapados. Ni empresa ni gobierno actuaron a favor del rescate y hasta la fecha, los trabajadores continúan atrapados en el fondo de la mina.

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ZACATECAS: PROCURADURÍA AGRARIA DE ZACATECAS A CUENTAS POR CASO MILPILLAS

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA), Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas y Movimiento el Defensa del Territorio y del Río Atenco - A 17 de septiembre de 2019

Jiménez del Teul, Zacatecas, 17 de septiembre del 2019

Después de los hechos ocurridos durante la asamblea del 14 de octubre del 2018 en el Ejido “El Potrero”, en donde la Policía Estatal sitiara el lugar, agrediera a las/os defensores del territorio, tomara el control de la Asamblea Agraria, con la participación de funcionarias/os de los tres niveles de gobierno con la finalidad de llevarse, a toda costa, la autorización para el cambio de uso de suelo de 126 ha, así como el convenio entre la Secretaría de Agua y Medio Ambiente (SAMA) y El Potrero, firmado de forma ilegal por el Comisariado Ejidal; el 13 de noviembre del 2018, las/os ejidatarios de El Potrero interpusieron una queja a nivel federal en el Órgano Interno de Control de la Procuraduría Agraria (OICPA), exponiendo las acciones violatorias e irregulares que se llevaron a cabo, en especial, los funcionarios de la Procuraduría Agraria quienes participaron y validaron la represión y violación a los derechos agrarios de las/os ejidatarios. Luego de diez meses, el 27 de agosto, el OICPA a través del oficio No: 15/105/OIC/AQ-1181/2019, notifica a las/os ejidatarios que, “el 14 de agosto se emitió acuerdo de radicación, en el que se ordenó el inicio de la investigación correspondiente, radicando el asunto en el Sistema Integral de Quejas y Denuncias Ciudadanas (SIDEC) que lleva la Función Pública, bajo el número de expediente administrativo 209/PA/DE250”.

Con dicha acción jurídica y legal, la misma Procuraduría Agraria DESMIENTE al Gobierno de Zacatecas, encabezado por Alejandro Tello, quién hace unos días aseguró, a la titular de la Comisión Nacional del Agua, Blanca Jiménez, tener todos los permisos agrarios para la construcción de la Presa Milpillas, al margen de que ahora el gobierno federal ni siquiera contempla en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2020, recursos financieros para la realización de la obra. Es decir, el gobierno estatal continúa engañando e impulsando un proyecto que se encuentra política, financiera, agraria y legalmente desarticulado, lo que demuestra no sólo la falta de coordinación y de conocimiento del Gobernador sobre la temática, sino también la torpeza y mentiras de sus diferentes operadores, que van quedando en evidencia conforme la población va denunciando, conforme a derecho, cada violación de las que han sido víctimas.

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AMLO Y SU ERRÓNEA VISIÓN AL DESARROLLO

Comunicado de prensa de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) - A 13 de septiembre de 2019


El pasado 6 de septiembre de 2019, Andrés Manuel López Obrador realizó una visita al municipio de Charcas, en San Luis Potosí, en la cual señaló la importancia de hacer que los recursos del coloquialmente llamado “Fondo Minero” (Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros) lleguen efectivamente a la población. Mencionó que el problema del Fondo Minero es que los recursos no están llegando directamente a la gente, sino que se quedan atorados en los ayuntamientos y gobiernos estatales. Ofreció, como solución, que los $24,862,678 que según le corresponden este año al municipio de Charcas sean entregados directamente a los comités de padres de familia de las 33 escuelas primarias que se encuentran en este municipio.

Sin menoscabar las necesidades presupuestales que enfrenta la infraestructura de las escuelas, así como los profesores, alumnos y padres de familia, tanto del municipio de Charcas como del resto del país debido al abandono y negligencia histórico que han enfrentado a manos del gobierno federal, manifestamos que, además de atender estas necesidades a partir del Fondo Minero que inserta a estas comunidades en una perversa lógica de dependencia con respeto a las actividades de despojo a partir de la extracción que realizan las grandes empresas mineras, también descarta de facto los daños al ambiente y a la salud que ocasiona la actividad minera, la cual, en consecuencia, con el uso del Fondo minero lava de manera tenue el tamaño y la permanencia de la problemática que ocasiona.

El gobierno federal en turno no ha comprendido aún que el problema de las actividades mineras en México a gran escala no es uno de redistribución de las ganancias generadas por las empresas mineras, sino de respetar el derecho de las poblaciones a decidir autónomamente sobre los bienes naturales localizados en los territorios y el tipo de actividades que pueden desarrollarse en los mismos.

El gobierno federal tiene la obligación de dotar con recursos suficientes a los planteles educativos y al personal docente que labora en los mismos. Al ligar el cumplimiento del derecho a la educación a la renta de las actividades mineras, se condiciona la garantía de este derecho a la presencia de actividades extractivas profundamente destructivas.

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